Manabí ha formulado al país su planteamiento de ser considerada a futuro como provincia autónomo, para cuyo efecto propone:
1) Que se reforme la Constitución, y en sustitución de los Consejos Provinciales se creen Consejos de Desarrollo Provincial, que estén presididos por un Gobernador elegido democráticamente en cada provincia. Este Consejo de Desarrollo Provincial tendrá la coparticipación de consejeros elegidos por distritos electorales, representantes de las municipalidades, de funcionarios del gobierno central, especialmente en áreas como la salud y la educacion, delegados de las universidades y escuelas politécnicas de la provincia, delegados de los Colegios de Profesionales, de representantes de los sectores productivos agrupados en las Cámaras de la Producción, de delegados de la Asociación de Artesanos, de representantes de entidades creadas para impulsar el desarrollo económico regional como el caso del Centro de Rehabilitación de Manabí, Junta de Recursos Hidraúlicos de Jipijapa y Paján, Empresa Eléctrica, Empresa de Aguas Potable, Autoridad Portuaria de Manta y otras similares, y de representantes de organizaciones laborales, campesinas y barriales.

2) El que los tributos al consumo como el impuesto al IVA, el impuesto a la circulación de capitales, el impuesto a los consumos especiales, impuesto a las operaciones crediticias, impuesto a la matriculación de vehículos, entre otros, sean recaudados directamente y distribuidos por el Consejo de Desarrollo Provincial, en base a parámetros claramente determinados que consagren la igualdad y solidaridad y sean repartidos entre los distintos cantones o localidades de la provincia, dejando precisado en este punto que lo que se recaude por impuesto al consumo sea entregado a la provincia donde se produce el consumo y origina el tributo. Que así mismo, todo aquello que signifique tasas por servicios prestados dentro de la jurisdicción provincial, incluyendo concesiones de vía pública, tasas por peaje y otras establecidas en las leyes de régimen provincial y municipal, sean recaudados también por el Consejo de Desarrollo Provincial, y distribuidos con igual criterio que los impuestos al consumo, debiendo dotarse para estos efectos de capacidad legislativa al máximo organismo de carácter provincial, en su condición de gobierno intermedio entre el gobierno central y los gobiernos seccionales o locales.

3) Los ingresos que perciba el Estado por venta de combustibles, aranceles aduaneros a las importaciones, impuesto a la renta, incluyendo la generación de ingresos por la exportación de petróleo y otros que perciba el país por exportación de productos exportables se distribuyan en base a tres parámetros: a) Contribución de la provincia al Producto Interno Bruto; b) Número de habitantes; e) Necesidades básicas insatisfechas. Con esta fórmula habrá una más igualitaria y justa distribución de la riqueza nacional y se estimulará al mismo tiempo una mayor producción.

4) Se reactive el aparato productivo del país, por la vía de facilitar créditos a los pequeños y medianos productores, que en el caso de Manabí ha tenido una gran influencia histórica en la producción nacional, por su acentuada vocación agrícola y pesquera. Creemos conveniente el restablecimiento de líneas de créditos del Banco Central, que favorezcan a los indicados sectores, con plazos, intereses y condiciones que respondan a la rentabilidad de sus actividades, pues la llamada “banca de segundo piso” ha sido perjudicial para los pequeños y medianos productores.
En este punto es indispensable reflexionar, y así lo consideró la Asamblea de instituciones manabitas, que de los factores que más contribuyen a una muy mala distribución de la riqueza en el país es la excluyente y desigual distribución del crédito, que concentra en grandes empresas y en pocos grupos de poder político y económico de las grandes urbes como son Quito y Guayaquil. Desgraciadamente Manabí ha sido castigada en las tres últimas décadas,, pues antes recibía algún tipo de ayuda crediticia a través del Banco de Fomento y del propio Banco Central.

5) Proponer que el pago de la deuda externa se haga en forma proporcional, de acuerdo a la inversión que se ha realizado en cada provincia del país.
No es justo que el pago de esta deuda, que tanto está influyendo en la vida y bienestar de los ecuatorianos, sea pagada por igual por quienes nada o muy poco han recibido de los créditos externos que no siempre fueron bien priorizados y utilizados por los funcionarios del Estado Ecuatoriano, al contratarlos y obtenerlos. Consideramos también inaplazable solicitar una reestructuración de esta deuda, que castigue a los acreedores especuladores, con lo cual se operaría una disminución de su monto y su amortización.

6) Para un eficaz ejercicio de la autonomía es imperioso redefinir la elección y conformación de los entes sociales. Consideramos que cada cantón debe tener un Alcalde elegido por votación popular, directa y secreta, pero estimamos, concomitantemente, que los concejos cantonales deben ser reemplazados por asambleas cantonales, que tengan la potestad de legislar en materia de ordenanzas locales, pero esos asambleístas municipales deben elegirse por distritos electorales de los distintos sectores urbanos y rurales, considerando un determinado número de habitantes del cantón, que será fijado por el Consejo de Desarrollo Provincial o por una Ley que se dicte a nivel nacional. De esa manera se volverá mucho menos politizado el manejo de los municipios, se conviertan en los organismos rectores del desarrollo de sus respectivas comunidades y no sirvan como comités electorales de futuras campañas de los partidos políticos que lo controlan.
Igual criterio debe adoptarse, y en ello también es imprescindible una reforma constitucional, que la elección de los legisladores nacionales y provinciales (que integren el Congreso Nacional y el Consejo de Desarrollo Provincial) sean por distritos electorales. Sin duda los municipios son, por historia y por derecho, las instituciones llamadas a cumplir el rol de ejes de la descentralización del Estado, siendo también pertinente que se adopte la tesis que tiene establecida la provincia de Córdova, en la República Argentina, mediante la cual el 10% de los presupuestos municipales son entregados para que sigan administrados directamente por las propias comunidades barriales o de recintos, fomentando un sólido espíritu comunitario en la base de la pirámide social.

7) Paralelamente a la descentralización deben crearse Comités de Control Cívico de la Corporación Provincial, e inclusive Cantonales y Parroquiales, para ello sugerimos que esos comités estén integrados por un representante de los medios de comunicación social, un representante de la Asociación de los Derechos Humanos de cada provincia, una representante de las Asociaciones Femeninas de cada provincia, un representante de las Cámaras de la Producción de la provincia, un representante de los sectores laborales de la provincia, un representante de las Universidades y Escuelas Politécnicas, un representante de los Colegios de Profesionales, un representante de las organizaciones barriales y de recintos, con lo cual se persigue un mejor y más ético y transparente uso de recursos públicos.

Los manabitas estamos conscientes que la primera premisa, para un buen desarrollo provincial o regional, es que aquello solo será posible en la medida que las instituciones locales sean eficientes y responsables en una justa recaudación de tributos, y en el buen empleo de los mismos, con lo cual se contribuirá a desactivar aquella mentalidad de seguir creyendo en un paternalismo estatal, cuyo modelo está agotado en el estado moderno.

9) Es urgente que las instituciones de control y de crédito del Estado, como el caso de Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Banco del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Telecomunicaciones, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco de Fomento, desconcentren totalmente sus decisiones administrativas, que permita que las oficinas de carácter provincial tengan las facultades más amplias, que viabilicen una ágil gestión de estos organismos y de los entes seccionales en la ejecución de acciones u obras, orientadas a favorecer el bien común, debiendo resaltar que aquello ya lo dispone el artículo 29 de la Ley de Descentralización y participación social, en actual vigencia.
Urge también una total descentralización del IESS, cuya acción como institución es clave en el bienestar social de los ecuatorianos.

10) Que la Dirección Nacional de Aviación Civil decida, de una manera puntual y concreta, declarar al Aeropuerto de Manta como Aeropuerto Internacional alterno del Aeropuerto de Guayaquil, y al mismo tiempo solicitar frecuencias aéreas, sobre todo para la exportación de productos de fácil descomposición, como mariscos. Así mismo, que la Dirección de la Marina Mercante y el Consejo Nacional de Puertos implemente, sin dilaciones, la operación como Puerto de Transferencia Internacional del Puerto de Manta.

11) Hasta tanto se vayan implementando reformas legales y resoluciones administrativas, demandamos se apruebe en el H. Congreso Nacional la creación de la Junta de Desarrollo de la Zona Norte de Manabí, la cual se financiaría con el 2% de la recaudación total que perciba el Estado por la venta de combustibles y sus derivados.

12) Encargar a la Cámara de Turismo de Manabí ejecute todas las acciones pertinentes para lograr un mejor aprovechamiento de las potencialidades turísticas de Manabí, dado sus ricos y variados recursos de atracción turística. Así mismo, se confía al Comité Cívico Interinstitucional de Manabí, que se conformó para impulsar la condición de provincia autónoma de Manabí, se mantenga en sesión permanente hasta obtener la debida respuesta a los planteamientos.

El 17 de septiembre de 1997 lo consigue, mediante una Ley de Desarrollo del Puerto de Manta, que fue sancionada por el Presidente de la República.
Cuando la obra física sea ejecutada aportará con grandes recursos económicos al país, porque mediante su construccion se pretende:
1) Servir de puerto de desembarque de los contenedores a puertos foráneos, mediante buques de menor tonelaje.
2) Minimizar costos y maximizar el transporte de carga desde distintos puertos de origen, tanto de Asia, Europa, Estados Unidos, para y desde América del Sur.
3) Crear un nuevo polo de desarrollo económico regional, que impacte positivamente, no solo a la provincia de Manabí sino al país en general.
4) Desarrollar la imagen y presencia de los puertos ecuatorianos en el ámbito internacional de los negocios navieros.
5) El impacto socio-económico de la inversión de 65 millones de dólares en obras cíviles y de estudios, se estima que un 70% de este valor se invertirá en la adquisión de bienes y servicios nacionales, y el 30% en la adquisición de bienes y servicios extranjeros.
6) Se calcula un ingreso de 227.5 millones de dólares, que se distribuirán no solo en el puerto, sino en el resto de la república, mediante demanda de bienes y servicios ofrecidos en los mercados locales.
7) Durante el período de construcción de la obra (60 meses) se crearía 4.333 plazas de trabajo.
La construcción con dinero extranjero aumenta realmente la riqueza del país, y permite la creación de una nueva instalación de servicios portuarios, que incrementará la exportación de servicios generando divisas en beneficio de la balanza de pagos y del producto interno bruto.

Posibles competidores
Todos los puertos principales del Pacífico desean convertirse en puertos de transferencia:
1) Guayaquil, tiene limitantes como la falta de mayor calado.
2) Esmeraldas, tiene necesidad de dragar su puerto cada dos años en un volumen de 750 mil metros cúbicos, cuyo costo de operaciones encarece las operaciones portuarias.
3) Buenaventura, situado en Colombia, no tiene condiciones naturales, porque su calado máximo es de 12 metros.
4) Callao, en Perú, se encuentra en proceso de modernización, pero no como un puerto de transferencia, porque su calado va de 10 a 12 metros de profundidad.
5) Antofagasta, en Chile, se encuentra a 1.550 millas náuticas más al sur que Manta de Centro América y América del Norte, distancia que lo pone en desventaja.

El Puerto de Manta se desemperá como puerto de tránsito entre los puertos de Asia y Manaos en el Brasil, dándole una oportunidad a ese país de salir al Oceáno Pacífico.

Este importante proyecto empezó a tomar fuerza el 14 de enero del 2002 cuando fueron llevados, en primera instancia y vía terrestre, 13 contenedores de Manta hasta Puerto Orellana y luego, vía pluvial, hasta el Puerto de Manaos en el Brasil.

El objetivo del Proyecto Manta – Manaos es afianzar la ruta interoceánica Asia-Pacífico Andino-Brasil; es decir, traer carga de Asia a Manta, llevarla vía terrestre a Orellana y finalmente por el Amazonas llevar la mercadería a Manaos Brasil.

Las ventajas y beneficios que ofrece este proyecto para la transportación de carga son incalculables en lo relacionado con tiempo y dinero; a saber:

- Del Puerto de Manta a Puerto Orellana, vía terrestre, se necesita para llegar sólo 48 horas, tiempo en el cual se cubre la ruta de 800 kilómetros de longitud.

- De Puerto Orellana a Manaos en el Brasil, vía fluvial, se necesitan solo 10 días.

Estos factores son determinantes para que la ruta esté en la mira de los empresarios multinacionales que han considerado la utilización de este cordón vial.

Tiempo y beneficios presentados se contraponen con los 45 días que tiene que recorrer lsa embarcaciones cargueras que van a Brasil, ya que deben navegar por el Oceáno Pacífico, cruzar el Canal de Panamá y rodear el norte de América del Sur.

Los protagonistas, en su mayoría miembros que integran el Grupo G-8; conformado por los Prefectos y Alcaldes de las provincias de la Costa, Sierra y Oriente incolucrados en el proyecto, junto a directivos de Autoridad Portuaria de Manta y la Cámara de Comercio de esa ciudad, decidieron conformar el organismo de gestión de la región central del Ecuador para desarrollar acciones, coordinar, esfuerzos y proponer al Gobierno Nacional la solución a los problemas de la zona entre los que se pueden señalar:

- La construcción del correo vial central este-oeste entre Manta y El Puyo;
- Gestionar la continuación de la construcción de las obras viales Quevedo – Pilaló – Latacunga; Quevedo-La Ercilia-El Corazón; El Corazón-Pasaje-Ambato y El Corazón-Simiatug-Guranda-Baños; y,
- Involucrar en la ruta a la vía Manta – San Plácido – Pichincha En Manabí, y Los Ríos, en la Costa, para continuar por varias provincias de la Sierra y finalmente llegar al Oriente.

Sin duda que este corredor vial fortalecerá y promoverá el florecimiento de numerosas poblaciones marginadas del progreso, ya que esta arteria servirá para la circulación de un torrente de productos y servicios originados en los centros de desarrollo de la región y los que lleguen de ultramar por ambos oceános:

El Puerto de Manta, y su ubicación estratégica en el centro de la Costa ecuatoriana, facilita la comunicación rápida con todas las ciudades y regiones situadas a lo largo del corredor formado por la línea equinoccial y el paralelo 1 del territorio nacional.

Los beneficios de esta integración permitirán la creación de nuevas actividades de comercio, tanto nacional como internacional.

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta.